LAS RELACIONES LABORALES COMO LOS CANGREJOS VAN PARA ATRÁS – VOLVEMOS A LOS 90.

La primera ronda de medidas de la reforma laboral tiene un fuerte aroma noventista. Vuelven las pasantías, se anuncia un jubileo impositivo y menos impuestos a empresas.

Luego del triunfo logrado en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre el gobierno  se dispone a avanzar en algunas medidas que considera cruciales. Entre ellas se encuentra la llamada “reforma laboral”, que junto con la tributaria serían las metas más ambiciosas que el gobierno se propone encarar.  

 que es encarar los cambios en las condiciones de trabajo enviando al congreso una ley de reforma cuando antes había manifestado que seria mediante convenios colectivos los posible cambios.

La estrategia definida tendrá entonces dos líneas de acción: la primera, ir negociando y avanzando en aspectos parciales que introduzcan modificaciones en la legislación. Eso lo empezamos a ver  ya que  el gobierno convocó a los gremios para avanzar con medidas para un “blanqueo laboral”, que consisten básicamente en una eliminación de aportes para los escalones más bajos de aportantes, y la reintroducción del régimen de pasantías, restringido en 2008 por la Ley 26.427, sancionada ante la amplia evidencia de prácticas abusivas que habilitaba este régimen, ampliamente utilizado hasta entonces incluso por el propio estado nacional como forma encubierta para contratar personal permanentemente precarizado Paralelamente, la cartera laboral apuntará a la negociación de modificaciones por la vía de los convenios, como ya empezaron a hacer en el sector petrolero en Neuquén (para trabajadores de las explotaciones no convencionales o “shale”) y Chubut (convencionales y no convencionales) y para el sector público nacional El régimen de pasantías, que ahora se presentan bajo el eufemismo de “prácticas formativas”, es para muchos trabajadores sinónimo de precarización. Desde 1992 se contemplan en el país las pasantías universitarias. Aunque formalmente se trataba de un régimen temporario para jóvenes que pudieran acceder a una primer experiencia laboral, a cambio de lo cual las empresas se beneficiaban con la exención de cargas sociales, fue en una abrumadora cantidad de casos convertido en una forma de empleo por un período prolongado, que permitía a las empresas reducir sensiblemente los salarios pagados y limitaba los derechos del personal.  

El segundo aspecto anticipado por el gobierno a los gremios, pasa por el impulso al blanqueo laboral mediante una reducción de las cargas patronales para los sueldos más bajos (con un tope que según se conoció podría llegar hasta 15 mil pesos). Se trata de otra medida con fuertes reminiscencias noventistas. Durante los años de Menem con Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía, se introdujo una fuerte rebaja de las contribuciones patronales a la seguridad social, que pasaron de 33 % del salario bruto a 17,7 % (en 2002 se elevó a 23,7 %). De más está decir que dicha medida no se tradujo en ninguna reducción del nivel de desempleo, que para finales de la década de los ’90 y comienzos del nuevo milenio estaban en los niveles históricos más elevados de los que haya registro en el país. Igual éxito tuvo el blanqueo para mipymens impulsado en 2014 mediante la Ley 26.940, que permite no pagar contribuciones patronales durante el primer año de contratación, y afrontar sólo un 25 % de las mismas durante el segundo año, en el caso de las empresas que tengan hasta 15 trabajadores, y pagar sólo un 50 % de las mismas durante los dos primeros años en el caso de las empresas que tengan entre 16 y 80 trabajadores. Esta ley fue prorrogada en agosto de 2017 por un año. También existen vigentes otras normativas (el decreto 814/01 y la reglamentación de AFIP RG 1069) que permiten deducir las contribuciones patronales de Ganancias o computarlas para el IVA. Todo esto no impidió que el empleo no registrado (“en negro”) siguiera afectando invariablemente a más de un tercio de la clase trabajadora.

¿Será el blanqueo el preámbulo para una nueva baja generalizada de las contribuciones patronales como la que se produjo en lo años de Menem? Sin duda es lo que esperan los grandes empresarios, que vienen reclamando no quedarse afuera de esta disminución de costos laborales. El siempre recalcitrante Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina, afirmó que las empresas pagan un 56 % al Estado de lo que va al bolsillo del trabajador, mientras que en México sería de 15 %. Ignoramos cuáles son sus fuentes, pero el documento “Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe” publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 2016 desmiente que la brecha sea tan elevada. La llamada “cuña fiscal” que recae sobre el empleador, llega en la Argentina a 21,2 %, mientras que en México es de 17,9 %. El nivel de contribuciones que rige en el país es superado por el de Brasil (25,5 %) y Colombia (24,7 %). Por otra parte, la existencia de numerosos regímenes que reducen los aportes, que en algunos casos como los vigentes para Tierra del Fuego benefician no sólo a Pymes sino también a grandes empresas, reducen sensiblemente el peso que tienen las contribuciones patronales. En 2016 las mismas llegaron a un monto equivalente al 15 % de la masa salarial.

La primera ronda de medidas que el gobierno se prepara para implementar es un marcado revival de los años ’90. Aunque se prometen como iniciativas para crear empleo y mejorar la perspectiva de los trabajadores gracias a una “modernización” de las relaciones laborales (término que también estaba en danza en esos tiempos), se trata de una película que ya conocemos. Termina con un fuerte deterioro en las condiciones de trabajo -que ya de por sí se encuentran marcadas por una altísima proporción de trabajadores en la informalidad y múltiples dimensiones de precariedad en el empleo formal-, una regresión en la distribución del ingreso, y un desfinanciamiento previsional.  

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